asi a modo de respuesta al anuncio de acompañamiento al proyecto de adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones presentado por el bloque de LLA, que formuló el Gobernador en el marco de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Parlamento, el legislador Matías Lapadula presentó una iniciativa alternativa que propone una adhesión condicionada y selectiva al régimen establecido en el Título VII de la Ley Nacional 27.742.
La iniciativa busca que la incorporación al régimen nacional no sea automática ni general para los proyectos que se desarrollen en territorio fueguino, sino que cada inversión sea evaluada individualmente con participación activa de la Legislatura.
En los fundamentos del proyecto, el referente de la Bancada Provinios Grande señala que Tierra del Fuego cuenta con un régimen promocional propio, establecido por la Ley 19.640, que ha sido una herramienta central para el desarrollo productivo de la provincia. En ese sentido, advierte que cualquier adhesión al RIGI debe resguardar la autonomía provincial y evitar que se afecten los beneficios vigentes.
El proyecto propone crear un Registro Provincial de Evaluación de Proyectos RIGI en el ámbito del Poder Ejecutivo. Allí deberán inscribirse todas las iniciativas que pretendan acogerse al régimen dentro de la provincia, presentando un plan integral de inversión que incluya estudios de impacto económico, fiscal, ambiental y laboral, cronograma de ejecución, monto total comprometido y estimaciones de generación de empleo.
Además, se establece que el Poder Ejecutivo podrá analizar técnica y económicamente los proyectos y negociar condiciones particulares, pero aquellos que impliquen concesiones sobre bienes públicos, utilización de recursos naturales estratégicos, estabilidad fiscal provincial o compromisos regulatorios extraordinarios deberán ser aprobados por la Legislatura.
En esos casos, la autorización deberá realizarse mediante una ley específica sancionada con mayoría agravada de dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo legislativo.
El proyecto también declara de interés estratégico provincial determinadas inversiones vinculadas al desarrollo de infraestructura clave, entre ellas la construcción de un puerto multipropósito en Río Grande, un nuevo muelle turístico en Ushuaia y obras energéticas, logísticas o industriales destinadas a ampliar la matriz productiva de la provincia.
Para acceder al régimen en estos casos se establece como referencia un monto mínimo de inversión de 200 millones de dólares, aunque la Legislatura podría autorizar excepciones mediante mayoría agravada.
La iniciativa incorpora además la obligación de un dictamen fiscal vinculante del Ministerio de Economía antes de la aprobación legislativa, con el objetivo de evaluar el impacto económico durante toda la vigencia del régimen.
Asimismo, prevé mecanismos de seguimiento institucional mediante informes semestrales a la Legislatura sobre el estado de ejecución de los proyectos, cumplimiento de compromisos, generación de empleo e impacto fiscal y ambiental.
En los fundamentos, Lapadula sostiene que Tierra del Fuego necesita atraer inversiones estratégicas que contribuyan a diversificar su economía, aunque remarca que ello debe hacerse bajo parámetros de responsabilidad fiscal, sustentabilidad territorial y soberanía decisoria.
Según plantea el proyecto, el objetivo es equilibrar la promoción de inversiones con el resguardo institucional, garantizando que cada iniciativa sea evaluada caso por caso con control parlamentario y transparencia en el uso de los recursos públicos.
